Desde FSIE CLM denunciamos públicamente la gestión del comienzo del curso 2020/21, por parte de las administraciones educativas de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

FSIE CLM lleva desde mayo solicitando a la Consejería de Educación de CLM, un protocolo transparente, claro e igualitario para todo el sistema educativo de nuestra región; realizando numerosas aportaciones para poder atender, en un entorno de máxima seguridad, a los alumnos.

Nos encontramos en un inicio de curso, especialmente complicado, donde lo prioritario es la salud, y sin inversión económica no tenemos una “vuelta al cole segura”

La Consejería de Educación de CLM ha discriminado gravemente a la educación concertada, perjudicando con ello a miles de familias castellano manchegas.

FSIE CLM ha reivindicado las necesidades del sector para el inicio de curso. Una vuelta segura al cole tiene que ir acompañada de inversión económica. No se puede dejar todo en la capacidad económica de las instituciones y en cargar de más trabajo a todo el personal, docente y no docente.                                                                                                                                                                                 

La reunión de la Conferencia Sectorial de Educación, celebrada esta mañana, ha concluido, según lo ha confirmado la Ministra de Educación en rueda de prensa, con un acuerdo alcanzado con las CC.AA. que se recoge en una Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente al COVID-19 para los centros educativos durante el curso 2020-2021.

Para FSIE es imprescindible que Gobierno y CCAA alcancen acuerdos unánimes sobre el inicio, organización y desarrollo del curso escolar 2020/21, y que sean aplicables al conjunto del sistema educativo. Es difícil entender que se puedan aplicar 17 maneras distintas de actuar frente a una misma situación que afecta a todos por igual.

FSIE defiende la educación presencial frente a cualquier alternativa, pero ante la pandemia, deben ser los responsables de Sanidad, junto a los de Educación, quienes determinen si es posible y detallen las condiciones en las que se debe llevar a cabo. En ningún caso la responsabilidad de las consecuencias por las medidas que se adopten puede recaer en los docentes, personal complementario y de administración y servicios, así como en los equipos directivos ni en los titulares de los centros.