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ARTÍCULO DE JESÚS PUEYO, SECRETARIO GENERAL DE FSIE

EN NUESTRA OPINIÓN: "EN 2017… LA EDUCACIÓN TIENE GRANDES RETOS QUE AFRONTAR"
 
educacion
Ha transcurrido poco de este recién estrenado 2017 y predecir qué es lo que nos deparará el nuevo año en lo que a educación se refiere parece osado, teniendo en cuenta los mimbres que tenemos.  Así que mejor abandonar el ejercicio adivinatorio y centrarse en algunas de las cuestiones que conforman los grandes retos que se deben afrontar si nuestra meta es aprovechar lo que nos resta de año para mejorar el sistema educativo. 


En 2017, es esencial que los partidos políticos tomen conciencia de la importancia que la educación tiene en la sociedad, hecho lo cual deberían actuar en consecuencia y entender que no puede utilizarse como arma dentro de su habitual confrontación dialéctica. Es momento de entender que no pueden tener primacía los cortoplacistas intereses electorales si queremos avanzar. Es momento de entender que jugar con el presente y futuro de miles de alumnos que mañana liderarán el destino de un país en una responsabilidad de tal calado que debe resultarles suficiente para ponerse a trabajar en lo que parece que todos están de acuerdo: el pacto educativo. Y a pesar de la poca esperanza en que este pacto se alcance en los ya arrancados “6 meses” que se anunciaron como plazo, y conscientes de que no es asunto baladí como para que haya cristalizado antes de que estemos preparando la llegada del 2018, no podemos permitirnos desaprovechar el tiempo y dejar de dar pasos para tomar decisiones que permitan que sea una realidad cuanto antes. Lo próximos meses nos darán pistas.

Y metidos en materia, y fuera del debate sobre un pacto o sobre una nueva ley educativa, ¿alguien se ha preguntado qué es lo que realmente necesita la educación española? Pues la respuesta puede ser fácil si analizamos los ingredientes del pastel: alumnos, centros, financiación, libertad de elección, profesionales…

En 2017, hay que trabajar en reformar en profundidad la profesión docente, perdón, reformarla y regularla primeramente,  puesto que carecemos de una carrera profesional que dignifique y prestigie una profesión que más que importante es esencial en la sociedad. ¿Sorprendidos? Aunque pueda parecer increíble, no existe en España una carrera docente, ni una ley de la función docente, ni incentivos ni reconocimientos de la labor del profesional, ni posibilidad de mejora o promoción, por no hablar de si la formación inicial de nuestros docentes es la adecuada o si la formación permanente es la que se requiere en una realidad tan cambiante como la que nos ha tocado vivir.

Aunque resulte duro decirlo, los docentes han estado y están abandonados a su suerte. Se les forma en las facultades universitarias para algo que luego no se encuentran en la escuela. ¿Es lo mismo prepararse para ser químico trabajando en un laboratorio que para ser profesor de química? Evidentemente no. ¿Y sobre la vida?, ¿qué se enseña a los docentes sobre los problemas que encontrará en el aula que van más allá de lo académico y pedagógico?, ¿se les prepara para afrontar problemas sociales, de convivencia o económicos?, y ¿qué decimos de las numerosas trabas burocráticas con las que tiene que lidiar? Ya no basta con ser docente, hay que ser asesor familiar, psicólogo, pediatra, mediador, experto en nuevas tecnologías, saber idiomas, dedicar tiempo personal y dinero de tu bolsillo a mejorar la formación, innovar, investigar… y además, si es que cabe un “más”, ser espectador atónito de continuos cambios de legislación sin tener, sorprendentemente, voz para decir tu parecer. Cambios que en la mayoría de ocasiones impiden saber qué es lo que funciona realmente o no, porque lamentablemente se derivan de criterios políticos, alejándose del tinte profesional e independiente que debería marcarlos. Y lo más grave de todo es que aún no se ha entendido que será difícil mejorar el sistema educativo mientras no se mejore la situación profesional y laboral en la que se encuentra el profesorado, porque se está desaprovechando el enorme potencial de estos profesionales, que es mucho y de gran calidad.

En 2017, se debe plantear la inestabilidad normativa y la excesiva judicialización de la educación. Una prueba muy reciente ha sido todo lo que ha rodeado a las evaluaciones finales, las denominadas “revalidas” de Bachillerato y ESO. Es claro que los continuos enfrentamientos entre el Estado y las Administraciones Autonómicas no favorecen en nada al sistema educativo. Sin olvidar que las diferencias territoriales, tal y como revelan distintos estudios y entre ellos el último informe PISA, reclaman una reflexión seria, profunda, profesional e independiente, que alumbre lo que está pasando. No se puede consentir que exista tan enorme disparidad en los resultados de los alumnos según estudien en una u otra comunidad, y mucho menos si hablamos de lo que se entiende como educación básica y obligatoria. Es hora de que el Ejecutivo central, los gobiernos autonómicos, el Ministerio de Educación y la Conferencia Sectorial de Educación –en la que participan todas las administraciones educativas- hagan el esfuerzo que requiere atajar estas injustificables y notables diferencias entre alumnos de regiones distintas, además de dos de los problemas que más lastran nuestro sistema: el fracaso escolar y el abandono prematuro de las aulas.

En 2017, debemos aprovechar para abordar un aspecto tan fundamental como la financiación. Hay que trazar una línea clara hacia el objetivo a conseguir, comprometiendo y blindando en los presupuestos unos porcentajes de inversión a largo plazo. No podemos olvidar que la educación es un tema muy serio con un gran impacto en el futuro económico y social de un país. Por eso hay que invertir con eficacia fondos más que suficientes que garanticen el efecto retroactivo de toda inversión -gasto desde el punto de vista técnico de la contabilidad- para así obtener rendimientos positivos. Hay que garantizar la financiación de la educación y ponerla a salvo de vaivenes políticos, e incluso de crisis económicas, evitando que los recortes lleguen al sector, perjudicando, como estos últimos años, a profesionales, centros, alumnos o familias, y no solo en el momento de su aplicación, sino, mirando al futuro, mucho más allá, sobre todo en lo que a nuestros educandos se refiere.

En 2017, tenemos que afrontar otro reto: la baja natalidad. Las estadísticas de nacimientos desde hace unos años, y sus previsiones para los futuros, son muy preocupantes y no se está haciendo nada. Pensemos en que hay que implementar políticas que aumenten la natalidad para evitar un descenso de niños, y por tanto, de alumnos. Si esto no se produce, las administraciones tendrían la excusa perfecta para plantear una reducción drástica del número de centros, aulas y profesores en activo. Tentación servida, fácil justificación, y patente desinterés por trabajar, como deberían, por una enseñanza de calidad que potencie e incremente las posibilidades de mejora económica y bienestar social de nuestro país en las próximas décadas.

A estas alturas las alarmas tendrían que haber saltado frente a los datos de matriculación en el curso 2016-17 que maneja el Ministerio de Educación, y que hablan de una reducción de niños en las aulas de 3 años de 51.500 pequeños. Está claro que esto no solo afecta a la educación, pero centrándonos en ella,  lo que se debe hacer mientras dure esta situación de baja natalidad y de pérdida de alumnos en las escuelas, es reducir la exigencia legal de número de alumnos por aula, lo que sin duda redundaría en un beneficio para nuestros estudiantes, permitiendo desdobles, apoyos, refuerzos, medidas de atención personalizada e individualizada para alumnos con necesidades específicas, trabajo en equipo de varios profesionales a la vez en el aula, reducir la elevada carga lectiva que sufren los docentes y darles tiempo para dedicarse a la innovación o la investigación educativa,… Tantas y tantas cosas por hacer y tan distintas a las que estamos acostumbrados a vivir… Una visión en positivo de una misma realidad que se aleja de los cierres, las reducciones, los recortes o la eliminación de la enseñanza concertada (como si fuera responsable de algo).

En 2017, tanto por hacer y una pregunta en el aire: ¿seremos capaces de empezar a tomar decisiones en materia de educación que sean estables, que perduren en el tiempo y que permitan mejorar y avanzar?

En 2017, hay que ir afrontando y superando los retos que tenemos, porque si no somos capaces de hacerlo de forma conjunta en un pacto, mientras éste pueda llegar, no nos podemos permitir el lujo de ser espectadores impasibles. Debemos dar pasos firmes, con convicción para avanzar. El tiempo no para, y nunca va a ser mejor momento que hoy. 

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