La estabilidad y el futuro del sistema de pensiones no se garantizan alargando la edad de jubilación, recortando el importe de la pensión a percibir o imposibilitando en la realidad el acceso a la jubilación parcial anticipada.

Las organizaciones sindicales (UGT y CCOO) que han estado respaldando hasta el mes de abril de 2010 la política económica y social del Gobierno y diciendo que no aceptarían el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, son las que hoy han firmado un nuevo recorte en los derechos sociales de todos los trabajadores del país.  

El Gobierno, los sindicatos y la patronal en el marco de Dialogo Social, deberían haber tomado las medidas necesarias y a tiempo. En definitiva, la solución adoptada para afrontar la crisis, que no el futuro de las pensiones, es que se trabajen más años y se perciba menos pensión.

Hay que crear empleo y controlar los precios y sobre estas cuestiones no vemos ninguna luz. Mientras, seguimos con 4.600.000 parados (en enero 131.000 más). Con esos millones de parados trabajando y cotizando a la seguridad social se garantizaría el futuro de las pensiones.

FSIE ha entregado en el Congreso de los Diputados 24.000 firmas contra estas medidas solicitando a los grupos parlamentarios que no las apoyen.

Por otro lado, FSIE ha solicitado al Ministerio de Educación y al Gobierno que considere a los docentes y no docentes, de centros públicos, concertados y privados, como un colectivo específico al que se le mantenga la jubilación parcial anticipada a los 61 años en las condiciones actuales, la edad máxima de jubilación a los 65 años y la extensión de la jubilación LOE a los docentes de la enseñanza concertada.

La mayoría de los países europeos contemplan la jubilación de los docentes con pensión íntegra entre los 60 y 65 años y con un número de años de servicio que oscila entre 30 y 35.

A partir de ahora en España los profesionales que necesiten acogerse a la jubilación anticipada como consecuencia de no poder continuar con el esfuerzo poco reconocido y nada valorado que requiere la atención de los menores en los centros educativos, lo harán perdiendo una parte importante de su pensión.

Así no se contribuye desde luego a dignificar, incentivar o motivar a quienes son el eje central de la imprescindible mejora del sistema educativo.